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Ofimático: peor imposible
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Desde que en 1990 comenzó su singladura el Parque Ofimático hasta hoy hemos de decir que la gestión de las administraciones ha sido desastrosa. Tras decisiones injustas, acuerdos basados en la inseguridad jurídica y adjudicaciones en días de reflexión electoral podemos decir que la gran perdedora en este desarrollo urbanístico es la ciudad de La Coruña. Ya en el 2003 una parte de los antiguos propietarios presentó una demanda civil contra la Xunta de Galicia exigiendo la reversión amparándose en que se había llevado a cabo una expropiación encubierta. La Xunta entonces ocultó la existencia de esta demanda y no dio traslado al Registro que advirtiera a los futuros compradores. Esto ocurrió bajo gobierno socialista en la ciudad y del Partido Popular en la Xunta dándose la significativa casualidad de que el entonces director general de Urbanismo era el actual concejal de Urbanismo de La Coruña, Martín Fernández Prado, y la delegada del IGVS era la actual teniente de alcalde coruñesa Rosa Gallego. Entendemos por ello que ni el anterior gobierno municipal socialista ni el actual del Partido Popular son ajenos a la situación del mal llamado Parque Ofimático toda vez que el proyecto de oficinas ha desaparecido y en su lugar se contempla edificación residencial.

La gota que colma el vaso, de momento, es la decisión del contencioso que ha anulado la adjudicación de la urbanización del Parque.

UNIÓN CORUÑESA exige que todos los responsables políticos de esta gestión sean denunciados por el gobierno municipal ante la Fiscalía y que tengan que responder con su patrimonio de la “desfeita” jurídica que se ha producido. No es aceptable que las consecuencias de esta situación recaigan a cargo del dinero de todos los coruñeses que ya estamos hartos de pagar con nuestro dinero las irregularidades de los cargos públicos que hayan actuado de manera supuestamente ilegal. PP, PSOE y BNG deben de responder ante la Justicia y ante los ciudadanos.

DATO:

El proyecto de urbanización del Ofimático fijó un coste de más de 50 millones de euros que finalmente se adjudicó en 42 millones, resultado entre 2 y 3 veces más caro que cualquiera de los otros ejecutados en La Coruña con un coste de 152,58 euros de repercusión sobre metro de suelo, cuando el recinto ferial, justo enfrente, costó 60 euros y el S2 en San Pedro de Vista a 59,88 euros o el Parque de Oza a 58,36 euros m.

Esta situación de absoluta inseguridad jurídica provoca la estampida de inversores de nuestra ciudad alargando más, si cabe, nuestra crisis y nuestro futuro.